El perfil profesional de Atención Primaria, que es la primera puerta a la que llaman las personas que tienen problemas de salud mental, carece de recursos y tiempo para ofrecer una atención que necesita un abordaje mucho más amplio del que ahora mismo se puede ofrecer, y la derivación a la atención especializada psicológica y psiquiátrica se dilata en el tiempo. Ante esta situación, la persona solo puede esperar, consumir psicofármacos recetados por el médico o la médica de cabecera, o recurrir a la sanidad privada, si tiene medios económicos para hacer frente a su coste

Así lo advierte la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en su último informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos correspondiente a 2022, un documento mediante el cual se exponen las vulneraciones que existen en la actualidad en torno a los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicológica y social en diversos ámbitos (sanitario, educativo, laboral, etc.).

Los datos del informe, obtenidos a través del Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación con la colaboración de su Comisión de Defensa, hacen referencia también a los logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental, incluyendo ejemplos concretos y buenas prácticas, con alusiones específicas a los artículos incluidos en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad…

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