La ciencia es (o debería ser) un pilar fundamental en la toma de decisiones a la hora de hacer política. En otras palabras: la toma de decisiones en el ámbito político debería ser siempre informada y basarse en hechos y datos. Cuando las decisiones de los gobiernos y las administraciones se fundamentan en ideología y en opiniones en lugar de hechos y datos, las consecuencias pueden ser perjudiciales e irreversibles. En este sentido, garantizar una investigación de calidad e independiente debería ser prioritario para los Gobiernos y las Administraciones y ser parte intrínseca de sus agendas.

Además de garantizar que se desarrollan estudios e investigaciones desideologizados e independientes, es importante que las mismas entidades no desacrediten la ciencia (ni a los científicos, científicas y organizaciones que hacen ciencia), puesto que hacerlo representa un riesgo significativo no solo para la generación de conocimiento, sino también para la confianza pública en ese conocimiento. Esta confianza en las fuentes y el conocimiento es, a su vez, imperativa para reducir la incertidumbre del público, entidades políticas y administraciones a la hora de tomar decisiones.

Así lo han manifestado diferentes artículos publicados en Nature (Cruz-Cano & Allison, 2024; Cologna et Al., 2025; Kozlov & Mallapaty, 2025) y The Lancet Psychiatry (2025) y la American Psychological Asociation (APA), una de las organizaciones científico-profesionales líderes en psicología en el mundo, con más 173.000 asociados, que, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno de Estados Unidos, están alertando del peligro y retroceso que pueden suponer las políticas de invisibilización, retirada de fondos y desinversión en investigación o la desmantelamiento de agencias gubernamentales e internacionales referentes en el ámbito sanitario, como ha sucedido en estos dos primeros meses de gestión…

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