El estrés, la ansiedad, la depresión, el acoso y la precariedad laboral afectan ya a millones de trabajadores y trabajadoras en España, con un coste anual estimado de hasta 30.000 millones de euros. Sin embargo, pese a la magnitud del problema, los riesgos psicológicos y sociales laborales continúan siendo los grandes olvidados del sistema de prevención. La falta de reconocimiento legal, la escasa protección frente a las enfermedades mentales de origen laboral y la invisibilidad del sufrimiento psicológico en el trabajo revelan una brecha urgente que España está comenzando a cerrar, pero que aún exige avances decididos y sostenidos.

Estas son algunas de las conclusiones recogidas por la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA) en un informe a través del cual analiza el estado actual de la legislación, las estrategias y las iniciativas llevadas a cabo en España para reconocer, prevenir y gestionar los riesgos psicológicos y sociales en el ámbito laboral.

De acuerdo con el informe, España ha reforzado notablemente su compromiso con la prevención de los riesgos psicológicos y sociales (RPS) en el trabajo, en un contexto marcado por la creciente visibilidad de los problemas de salud mental, la digitalización y el impacto duradero de la pandemia de COVID-19…

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