La situación profesional de la Psicología Forense en España es preocupante. La falta de especialización, regulación y definición de las competencias de los profesionales de la Psicología Forense facilita el intrusismo profesional, subordina la Psicología Forense a la Medicina Legal en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, invisibilizando la aportación, autoridad y autonomía de la ciencia psicológica y, por tanto, limita el avance de la profesión. Asesoramientos inadecuados a los tribunales que pueden conllevar sentencias erróneas de graves consecuencias para la vida de las personas, se podrían evitar con la creación de esta especialidad.

Así lo afirman los investigadores José Manuel Muñoz Vicente, Laura González Guerrero (ambos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid), Antonio Andrés Pueyo (Universidad de Barcelona), José Luís Graña Gómez (Universidad Complutense de Madrid), Virginia Barber Rioja (Universidad de Columbia ) y Enrique Echeburúa Odriozola (Universidad del País Vasco), en un artículo publicado en la revista Papeles del Psicólogo, a través del cual ponen de relieve el rol clave de los y las profesionales de la Psicología Forense, exponiendo una serie de argumentos que avalan el reconocimiento oficial de dicha especialidad.

Según señalan los autores, el Consejo General de la Psicología cuenta con nueve acreditaciones profesionales -creadas a través de la Comisión Nacional de Acreditación Profesional (CNAP)-, “bajo la fórmula de psicólogo experto”, entre ellas, la de Psicólogo Experto en Psicología Jurídica y /o Psicología forense. El objetivo principal de una acreditación profesional es “lograr una actuación profesional de calidad, a partir del requerimiento de una formación y experiencia suficiente en el campo, y de garantizar, con la renovación de la acreditación, la actualización y formación continua”…

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