La frecuencia y gravedad de las consecuencias de la violencia contra la infancia y la adolescencia (que incluye un importante coste económico, no sólo para sus víctimas directas, sino para la sociedad en su conjunto), avalan la necesidad de una mayor inversión en medidas preventivas y terapéuticas basadas en la evidencia. En este sentido, es fundamental que la prevención infantil constituya una prioridad dentro de los programas educativos, de salud y protección infantil en todo el mundo

Esta es una de las conclusiones principales de un artículo publicado en la revista Papeles del Psicólogo, por Noemí Pereda, psicóloga miembro del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), a través del cual se presenta una revisión de los principales estudios publicados en Europa y Norteamérica, relativos al impacto económico de la violencia contra niños/as y adolescentes.

El objetivo de esta revisión es el análisis -mediante estimaciones realizadas en estudios previos-, de los costes de atención médica, física y mental, las pérdidas de productividad, los costes tanto para el sistema de protección infantil como para el sistema de justicia penal de la violencia contra la infancia y la adolescencia, con especial énfasis en la violencia sexual.

Como bien señala su autora, la violencia contra niños, niñas y adolescentes constituye un problema social, de salud pública y de derechos humanos, con una alta prevalencia a nivel mundial, “que afecta a 1 billón de niños y niñas de entre 2 y 17 años al año, según rigurosos estudios de revisión”…

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