Artículo de María Fuster Martínez, Decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, publicado en en el periódico La Verdad de Murcia.

Tal vez, esta reflexión seria de aplicación en muchos ámbitos que requieren del impulso político y del subsi­guiente compromiso en la gestión para alcanzar políticas de impac­to. En salud mental, la ministra Mónica García ha puesto el foco en la necesidad de mirar más allá de los servicios sanitarios para dar una respuesta que ahonde en los cimientos de un malestar psi­cológico que, por igual, enferma por sostenido. y cosifica, por si­lenciado. Llevamos tres intensos años hablando de ello y creo que con un poco más de carga de pro­fundidad desde nuestro colegio profesional. Seguidamente, la mi­nistra dijo que «lo social» del ma­lestar no es de su competencia, obviando los cuadros sintomáti­cos que las consultas de atención primaria recogen. Y es que los pa­cientes con problemas de salud mental acuden un 40% más a los servicios de atención primaria de salud, dato recogido en el último informe del Ministerio de Sani­dad y, además, las urgencias hos­pitalarias contienen un 49% más, según la misma fuente del Siste­ma Nacional de Salud.

Toda persona necesita vivir en condiciones de dignidad, bajo un techo que no se mueva sobre su cabeza (políticas de vivienda) y con un sueldo que le permita sos­tener un mínimo proyecto de vida (políticas de empleo digno). Por otra parte, sostener sociedades condenadas a la pobreza es enor­memente caro. Las políticas de la urgencia miran al alimento y a las facturas de los suministros bási­cos. Quién es capaz de cuestionar su necesaria respuesta. La urgen­cia poco sabe de construir políti­cas de escucha, con tiempos y es­pacios profesionales de conside­ración a la complejidad de vidas vulnerables.

Mientras que Europa financia nuestra pobreza, deberíamos mi­rar qué impulso estamos finan­ciando en lo estructural, tanto en los niveles autonómicos como lo­cales. Lo cierto es que seguimos sin tener respuestas a ese males­tar psicológico y no solo en lo sa­nitario. La ciudadanía quiere asis­tencia sanitaria por psicólogos y psicólogas clínicos y no los hay, ni mínimamente. Lo cierto es que tampoco la educación se abre a la atención psicológica educati­va, a pesar de la compleja cotidia­nidad en los centros, donde sus niños, niñas y adolescentes si­guen protagonizando protocolos, sin generar servicios de atención psicológica educativa, directa e inmediata (de impacto), y cruzan­do los dedos para que meter ba­tas blancas en los centros esco­lares no sea la solución.

No cabe duda, ‘sanitarizar’ la educación sería un fracaso social y político. En los servicios sociales, el malestar psicológico acampa por doquier. La vulnerabilidad y la fra­gilidad se entremezclan en una amalgama de oscuros colores, mientras ampliamos las políticas asistencialistas con apariencia de nuevos trajes, aunque sus fines desvelen el mismo drama: tutelar, tramitar y asistir a las necesidades básicas. Un mal llamado ‘acompa­ñamiento’ que poco tiene de bus­car la autonomía de las personas.

Mientras, hay que mirar las ci­fras de las múltiples caras de la violencia o la desprotección en in­fancia y adolescencia. Solo un dato que ya conocen, pero no por eso hay que dejar de mencionarlo: uno de cada cuatro jóvenes menores de 12 años en España ha tenido o tiene acceso y consume pornogra­fía y casi la mitad de menos de 15 años la consumen. Es solo uno de los graves problemas que están generando las tecnologías de la relación, la información y la co­municación Onfocop, 2024). Tam­bién hay que mirar al caleidosco­pio del riesgo, donde confluyen difíciles condiciones vitales en di­mensiones complejas que refle­jan la vida de una condición, por ejemplo, ligada al hecho de ser mujer y discapacitada (el 24,5% de las mujeres con discapacidad admiten haber tenido pensamien­tos de suicidio o se han autolesio­nado, frente al 6,4% de mujeres sin discapacidad, tal y como re­fleja un estudio de Cermi, 2023).

Por concluir, también hay que atender a esa fragilidad pegada a los años en personas mayores, donde sus tasas de suicidio si­guen sonrojándonos con una ma­yor incidencia de suicidios con­sumados en la Región entre los 70 y 80 años. Todos y más dejan la huella indeleble de que queda mu­cho por hacer.

Mientras los números siguen subiendo, las respuestas de cala­do en las políticas públicas siguen esperando. La innovación, los cambios de modelo y de paradig­ma se resisten desde la inercia de los propios sistemas topándose con un muro de dificultades. Es tiempo de hacer balance. Por eso, esperamos la cita, ya solicitada, con el presidente de la Comuni­dad Autónoma. Las políticas del bienestar esperan y, entre ellas, atender fines de bienestar psico­lógico también. El malestar tiene demasiados rostros.

 MARÍA FUSTER MARTÍNEZ
Decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia.