El pasado día 20 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una medida legislativa cuyo objetivo es el de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

Como ya saben nuestros lectores, el Proyecto de Ley fue presentado por el Gobierno y registrado en el Congreso en junio de 2020. Una vez expuestas las enmiendas al articulado y estudiado el texto en ponencia, en abril de 2020, la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad se reunió para debatir y votar el informe de la ponencia, incorporándose al mismo 200 enmiendas de los grupos parlamentarios, y otras 75 enmiendas transaccionales acordadas entre varios grupos.

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