Declaración Institucional del COP con motivo del Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se ha consolidado como un día para la reivindicación de nuestro compromiso con la igualdad de género. Una alianza que pasa por la erradicación de cualquier forma de discriminación y de violencia que continúan afectando a millones de mujeres en todo el mundo. Desde el Consejo General de la Psicología (COP), es inconcebible el ejercicio de nuestra profesión si no es desde esa responsabilidad con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas las mujeres puedan crecer en un entorno libre de violencia.

La violencia contra las mujeres es una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos que alimenta las raíces de la desigualdad. Por eso, celebramos la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por unanimidad de todas las fuerzas políticas, a excepción de la ultraderecha. El Pacto de Estado significa un compromiso esencial por la erradicación de la violencia, ofreciendo un marco de acción integral sostenido en el tiempo.

Este nuevo Pacto de Estado profundiza en las distintas formas de violencia, como la violencia vicaria, ejercida a través de los hijos e hijas con el objetivo de hacer el mayor daño posible a la madre. También se reconoce la violencia económica, definida como la acción de limitar y controlar el acceso de las mujeres a recursos económicos, afectando su autonomía financiera y potenciando la dependencia de su agresor. Además, contempla las nuevas formas de violencia a través de las tecnologías de la comunicación, como los deep fakes o imágenes generadas a través de inteligencia artificial que buscan menoscabar la integridad moral de sus víctimas. La trata y la explotación sexual también serán objeto de atención en este Pacto, con servicios y programas para proteger y atender a las mujeres víctimas de esta forma de violencia.

Es crucial, así mismo, la formación en materia de igualdad y perspectiva de género de los diferentes agentes sociales, especialmente en los servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales comunitarios y justicia. El impacto de la violencia contra las mujeres es amplio y con mucha frecuencia, difícilmente detectable, y su huella psicológica es profunda y duradera. Por eso, es imprescindible que la atención realizada por profesionales de la psicología esté garantizada en los servicios públicos, especialmente en los más accesibles, como es la atención primaria de salud o en los servicios sociales, para favorecer la recuperación de las personas afectadas, romper con el ciclo de la violencia y fomentar un sociedad más libre e igualitaria…

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