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Informar sobre el uso de algoritmos en las decisiones laborales y mayor transparencia entre las nuevas obligaciones empresariales

Las empresas deberán proporcionar desde el inicio de la relación laboral información más detallada sobre las condiciones de trabajo y comunicar a cada persona trabajadora la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados utilizados para determinar o modificar aspectos como el salario, la jornada, la asignación de tareas, la progresión profesional, el lugar de trabajo o la extinción del contrato. La nueva regulación amplía así las obligaciones de transparencia empresarial y tendrá implicaciones directas para los departamentos de Recursos Humanos y la gestión de personas en las organizaciones.

Así se establece en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Según el Gobierno, la finalidad de la norma es combatir la precariedad, garantizando que las personas trabajadoras tengan acceso, desde el comienzo de la relación laboral, a información suficiente sobre sus condiciones esenciales de empleo.

España transpone la Directiva Europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.

La regulación desarrolla en España los principios de una Directiva europea aprobada en 2019 como respuesta a las profundas transformaciones experimentadas por el mercado laboral, entre ellas, la digitalización y la aparición de nuevas formas de empleo. Precisamente, la normativa europea advierte de que estos cambios pueden generar incertidumbre respecto a los derechos y la protección aplicables y establece la necesidad de facilitar información completa y accesible sobre las condiciones esenciales de trabajo.

La transposición se produce, además, con retraso respecto al calendario establecido por la Unión Europea. La Directiva fijaba el 1 de agosto de 2022 como fecha límite para que los Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus disposiciones. De hecho, el Gobierno español acordó el 1 de agosto de ese año la tramitación urgente del anteproyecto destinado a su transposición, un proceso que culmina ahora con la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros…

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