El Gobierno publicó a principios del año en curso el Plan Anual Normativo 2022 de la Administración General del Estado, en el que informaba de las normas estatales que se tienen previsto aprobar durante 2022. Entre ellas consta la tramitación de una Ley de Servicios Sociales. Esta Ley tendría por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, con la colaboración y participación de todas las Administraciones públicas y la garantía de un contenido mínimo común de derechos en cualquier parte del territorio del Estado español y está siendo impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales.

Ante este anuncio, desde el Consejo General de la Psicología, se comenzó la redacción de un documento que recogiese las aportaciones de la psicología, para una Ley que afectaría a una de las grandes áreas tradicionales de trabajo profesional, con gran número de psicólogos/as ejercientes e indudables expectativas de desarrollo.

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